EXPLICACIÓN DE LA NORMATIVA ANDALUZA PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

• Ley 12/2007: garantiza la igualdad real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos.

• Aplicación obligatoria en instituciones públicas, empresas contratadas y entidades colaboradoras.

• Definición de igualdad de género: mismas oportunidades, sin ventajas ni desventajas por razón de sexo.

• Eliminación de estereotipos sexistas en educación, empleo y medios.

• Medidas en educación: libros no sexistas, planes de igualdad, formación docente, presencia femenina en cargos.

• Medidas en empleo: prohibición de discriminación, planes de igualdad, acciones positivas y bonificaciones.

• Conciliación laboral y familiar: corresponsabilidad, permisos igualitarios, servicios públicos de apoyo.

• Enfoque de género en salud: atención específica a mujeres y colectivos vulnerables, formación al personal sanitario.

• Participación equilibrada: representación paritaria en órganos de decisión y listas electorales.

• Lenguaje e imagen inclusivos en instituciones, medios y campañas.

• Mecanismos de cumplimiento: planes, sanciones, unidades de igualdad y observatorios autonómicos.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO PROBLEMA ESTRUCTURAL

• La violencia de género no es un hecho aislado, sino una manifestación de desigualdad histórica entre hombres y mujeres.

• Tiene raíces culturales, sociales, económicas y simbólicas profundamente arraigadas.

• Se manifiesta de múltiples formas: física, psicológica, sexual, económica y simbólica.

• El control, la dominación y el miedo son mecanismos clave en las relaciones abusivas.

• Existen mitos sociales que ocultan o minimizan la violencia: “ella lo provocó”, “es un asunto privado”, “solo pasa en ciertos entornos”.

• La violencia no responde a enfermedades mentales ni a pérdida de control, sino a creencias de poder y superioridad.

• Afecta a mujeres de todas las edades, clases sociales, culturas y niveles educativos.

• Impacta en la salud física, mental y emocional de las víctimas y su entorno.

• La sensibilización, formación y compromiso institucional son claves para su erradicación.

• Reconocer la estructura social desigual es el primer paso para prevenirla.

MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

• La violencia de género está reconocida legalmente como una violación de los derechos humanos.

• Ley Orgánica 1/2004 como principal norma estatal: medidas de protección, prevención y asistencia.

• Normativa andaluza: Ley 13/2007, más amplia en la definición y alcance de la violencia.

• El SAS y sus profesionales tienen obligaciones específicas en detección, derivación y acompañamiento.

• Coordinación institucional entre salud, servicios sociales, justicia y cuerpos de seguridad.

LEY 9/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

• Refuerza la obligación de incluir el enfoque de género en todas las normas y planes aprobados por el Consejo de Gobierno.

• Se exige un informe de evaluación del impacto de género en la tramitación normativa (incluido en la MAIN).

• El presupuesto autonómico se convierte en herramienta activa para promover la igualdad efectiva.

• Se apoya a empresas privadas en la elaboración de planes de igualdad, aunque no estén obligadas legalmente.

• Inscripción obligatoria de los planes de igualdad en registros públicos.

• Las ofertas públicas de empleo deben incorporar evaluación del impacto de género.

EXPLICACIÓN DE LA NORMATIVA ANDALUZA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

• Ley 13/2007: marco legal integral de prevención, protección y reparación en Andalucía.

• Ampliación del concepto de víctima: incluye hijos, personas dependientes y víctimas de violencia vicaria.

• Reconocimiento de nuevas formas de violencia: económica, institucional, digital, simbólica, etc.

• Derechos garantizados sin necesidad de denuncia formal: atención sanitaria, jurídica, psicológica y social.

• Prestaciones específicas para huérfanos y ayudas económicas directas.

• Coordinación interinstitucional: salud, servicios sociales, justicia, educación y seguridad.

• Enfoque interseccional: atención adaptada a mujeres migrantes, mayores, con discapacidad o sin recursos.

• Evaluación constante y participación ciudadana para garantizar transparencia y mejora continua.

EL PAPEL DEL SISTEMA SANITARIO EN LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

• El sistema sanitario es clave en la detección precoz de casos de violencia de género.

• La violencia afecta gravemente a la salud física, mental y emocional de las víctimas.

• Profesionales sanitarios tienen la responsabilidad de identificar, registrar y derivar adecuadamente.

• La historia clínica debe recoger signos, síntomas y sospechas con perspectiva de género.

• Es esencial crear espacios seguros y confidenciales para la atención a las víctimas.

• La formación del personal sanitario mejora la capacidad de actuación y prevención.

• Coordinación con otros servicios: sociales, jurídicos, educativos y de seguridad.

BUENAS PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA PROMOVER LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO SANITARIO

• Integrar la igualdad de género como eje transversal en la organización sanitaria.

• Promoción de planes de igualdad en centros de salud y hospitales.

• Uso inclusivo del lenguaje y revisión de la comunicación institucional.

• Formación continua en igualdad para todo el personal del sistema sanitario.

• Fomento del liderazgo femenino y acceso equitativo a cargos directivos.

• Protocolos internos para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación o acoso.

• Evaluación de políticas desde la perspectiva de género (impacto y mejora continua).

DECRETO-LEY 9/2023, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 13/2007 Y SE REGULA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA A LOS HIJOS E HIJAS DE MUJERES VÍCTIMAS MORTALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

• Crea una prestación económica anual de 5.000 € para hijos/as menores de edad de mujeres asesinadas por violencia de género en Andalucía.

• La ayuda es compatible con otras prestaciones públicas o privadas y no requiere nivel mínimo de renta.

• Pueden acceder menores bajo tutela judicial o de la administración pública.

• La solicitud debe presentarse a través del Instituto Andaluz de la Mujer, con modelo y documentación específica.

• La prestación se concede hasta que el menor alcance la mayoría de edad y no puede ser administrada por el agresor.

• El decreto responde a la necesidad urgente de protección ante el aumento de feminicidios y casos de orfandad.

• Tiene vigencia inmediata y aplicación directa desde su publicación en el BOJA.